POR QUE??? DESAPARECIDOS...

Graciela Alberti, fotografiada en la ESMA mientras se encontraba desaparecida desde el 17 de marzo de 1980, en la ESMA. La foto fue rescatada por el prisionero Victor Basterra

A continuación encontraremos la explicación del por que, del DESAPARECIDO, y no fusilado, o encarcelado, etc, si fue una guerra por que no se trató a los detenidos como en una guerra??? 

 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, firmada en 1994, lo considera como un delito de lesa humanidad imprescriptible y lo define del siguiente modo:

Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

 

 

En los años del autodenominado Proceso(1976-1983), el gobierno formado por la junta militar impulsó la persecución, el secuestro y el asesinato de manera secreta de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como la Guerra Sucia en Argentina. Esas prácticas eran comunes a todas las dictaduras de América Latina en el marco de la Operación Cóndor en Sudamérica y la Operación Charlie en Centroamérica.

Guerra Sucia???

Con el término guerra sucia en Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983.

La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.

 

Foto forense del asesinato de los padres palotinos en la Masacre de San Patricio

El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado Nº 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de 2 a 4 precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional,art 23).

La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21.258, 21.260, 21.262, 21.274, etc). La ley 21.260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:

Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.

Según el General Martín Balza, quien fuera jefe del Ejército entre 1991 y 1999:

La dictadura de 1976 concibió una actitud descentralizada para la ejecución. Actuaron como señores de la guerra. Como verdaderos señores feudales, instrumentando un plan sistemático para cometer crímenes de lesa humanidad.

El 6 de mayo de 1977, el General Alfredo Oscar Saint-Jean, gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés Thue Guardian:

Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios.

En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976 dictadas por el Jefe Estado Mayor del Ejército, General Roberto Viola, ya no se habla de aniquilar "el accionar" de los subversivos, sino de aniquilar a los individuos:

Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres.

En el telegrama interno AT 183 de la embajada de Estados Unidos en Argentina del 14 de mayo de 1980 se relata:

Discutiendo el continuo apego a tácticas extrajudiciales contra Montoneros que son miembros de TEA y TEI (Nota: se refiere a Tropas Especiales de Agitación y Tropas Especiales de Infantería) Emboff preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar importante que `tenga el coraje` para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales `nadie` es responsable en los registros por las ejecuciones. Castro.

 

La razón de que un Estado totalitario recurra a este método se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al no existir cuerpo del delito se garantiza la impunidad, el desconocimiento impide a los familiares y la sociedad realizar acciones legales, infunde terror en las víctimas y en la sociedad, y mantiene separados a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. La desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, es decir unas personas que pueden ser asesinadas impunemente (Agamben,1998).

La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber que pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad, se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Una de las consignas que refleja esta preocupación, cantada en las marchas de protesta contra el gobierno militar, decía: "¡¡Los desaparecidos, que digan donde están!!"

La "desaparición" de personas genera una situación de agravamiento de la represión y las heridas, debido a las dificultades para los familiares de "dar por muerto" a sus seres queridos, y eventualmente dar por finalizada la búsqueda de sus restos y la averiguación de lo que realmente les sucedió.

La desaparición de personas como método represivo fue introducida en la Argentina por la escuela militar francesa desde los últimos años de la década del 1950, transmitiendo las tácticas militares que habían utilizado y perfeccionado durante la guerra de independencia de Argelia. A partir de la década del ´60 se generalizó a través de la Escuela de las Américas.

El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo, a partir del Decreto Noche y Niebla (Decreto Natch und Nebel) de Hitler, del 7 de diciembre de 1941, cuyo texto fue reconstruido por el Tribunal de Nuremberg. Los ideólogos del nazismo sostenían que el Decreto daba inicio a una "innovación básica" en la organización del Estado: el sistema de desapariciones forzadas.

La orden básica del Decreto de Noche y Niebla de Hitler era:

Los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados sólo se castigaran por una corte marcial, cuando: a) había certeza de que se aplicara la pena de muerte y, b) cuando la sentencia se pronunciase dentro de los ocho días posteriores al arresto.

Según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante "la noche y la niebla" (por el Decreto Natch und Nebel) y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención.

Entre los fundamentos del Decreto se explica que:

El efecto de disuasión dé estas medidas... radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino.

El texto reconstruido precisa que:

Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo” y "por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada.

Las técnicas nazis de terrorismo de Estado, procesadas a través de la doctrina de la contrainsurgencia fueron aprendidas por los militares argentinos en primer lugar a través de la escuela francesa que estaba instalada como cuerpo docente permanente del la Escuela superior de Guerra de Argentina, desde fines de la década de 1950 y luego de la Escuela de las Américas.

Un camionero testigo de los vuelos de la muerte declaró que le preguntó a un militar sobre el destino de los cadáveres que traía, y este contestó: “Van a la niebla de ninguna parte.”

El propio general Videla argumentaba en un reportaje realizado por la periodista María Seone:

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata , el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo.

 

Decía el general Videla en la televisión norteamericana el 14 de septiembre de 1977:

Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esa realidad, sino en saber las razones por las cuales estas personas han desaparecido. Hay varias razones esenciales: han desaparecido por pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible. Y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el gobierno ha puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse.

Existe también una histórica declaración de Videla, transcripta por Clarín el 14 de diciembre de 1979:

¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.

Los operativos de detención eran realizados comúnmente por militares o paramilitares fuertemente armados que se movían en automóviles en grupos de entre cuatro o cinco personas. Previamente, acordaban con las fuerzas de seguridad la liberación de la zona donde iban a actuar. Atrapaban a las víctimas en la calle, en bares, cines, en sus casas o en el lugar donde se encontraran en ese momento.

Una vez detenidos eran trasladados a un centro clandestino de detención (se estima que funcionaron hasta 610 ) donde se los interrogaba mediante un régimen de tortura sistemática. Finalmente, en la mayoría de los casos, fueron asesinados y sus cuerpos hechos desaparecer mediante los denominados vuelos de la muerte, sepultados en fosas comunes, o como N.N.

 

Durante los primeros años, si bien los medios habían pactado no dar información sobre lo que estaba ocurriendo, a veces se publicaban noticias sobre la detención de personas o la aparición de cadáveres.

 

Habrían sido secuestradas tres personas en la ciudad de Luján. Además, habrían sido violados los domicilios del abogado Raúl Castro y del estudiante José Luis Caldú. Los hechos habríanse perpretado entre las 21 del martes y las 3 del miércoles por un grupo de entre 10 y 12 desconocidos que se identificaron como integrantes de un grupo comando.

Aparecen tres cuerpos en la costa uruguaya del Río de la Plata , frente a la ciudad de Juan Lacaze. Estaban atados de pies y manos y con signos de haber sido torturados y golpeados. Se han hallado 17 desde el 22 de abril, generalmente mutilados y desnudos.

Es secuestrada una joven frente a la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata , cuando se hallaba con otras muchas personas esperando el microómnibus en la parada de Paseo del Bosque.

En esa oportunidad descendieron de un automóvil Torino tres de sus cuatro ocupantes, quienes tomaron a la muchacha. Esta comenzó a dar gritos de auxilio y alcanzó a asirse de una columna de alumbrado público. Varios de los que presenciaban la escena se aprestaron a intervenir, ante lo cual los tres secuestradores los amedrentaron, extrayendo armas de fuego y efectuando varios tiros al aire. Seguidamente introdujeron a la chica en el vehículo y partieron velozmente.

En el lugar, según algunos testigos, se le cayó a uno de los secuestradores una credencial de suboficial de policía, que posteriormente fue entregada a las autoridades para la verificación de su autenticidad.

 

 

Las detenciones las llevaban a cabo las fuerzas militares y policiales, a veces con colaboración activa de funcionarios civiles o de las autoridades de las empresas, colegios o universidades a las que pertenecían las víctimas. Ningún organismo brindaba información sobre el paradero de las víctimas a los familiares. Los jueces no deban curso a los habeas corpus presentados y en muchos casos, los abogados que presentaban esos recursos resultaban ellos mismos desaparecidos.

 

Según una investigación llevada a cabo en 1984, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— rondaría las 9.000 personas, pero grupos defensores de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000 desaparecidos. Un informe de la inteligencia Chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según un informe de los EEUU. Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos.

 

El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas", CONADEP, pone de manifiesto que la mayoría de las víctimas eran jóvenes menores de 35 años, de profesión obrero o estudiante, y que fueron detenidos preferentemente en su domicilio durante la noche.

Hoy se están llevando a cabo los debidos procesos judiciales en nuestro País…

Durante más de 25 años las leyes de impunidad, como las de Obediencia Debida y Punto final impedían en Argentina llevar ante los tribunales penales a los acusados de delitos de secuestros, desaparición forzada, torturas, asesinatos en los años de la dictadura militar. Por este motivo, los organismos de derechos humanos y de familiares de los desaparecidos buscaron ayuda en el exterior, para alcanzar la verdad y la justicia. Desde 1985 se abrieron procesos judiciales en Italia, por los ciudadanos de origen italiano desaparecidos en Argentina. El primer juicio concluyó en Roma el 6 de diciembre del 2000 con la condena a cadena perpetua de los generales Carlos Guillermo Suarez Mason y Omar Riveros. En ese juicio el Tribunal de Roma también condenó a 24 años de cárcel a Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Oscar Maldonado y Roberto Julio Rossin, culpables del delito de homicidio en el caso de Martino Mastinu.

 

Las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon fotografiadas en la ESMA. Ambas estaban siendo torturadas entonces y serían pocos días después arrojadas vivas al mar.

 

También en Francia se desarrolló un juicio contra la dictadura argentina, por el secuestro y asesinato de dos monjas ciudadanas de ese país. En este juicio se sentenció al Teniente de Fragata Alfredo Astiz, alias "Angel de la Muerte ", a prisión perpétua. Años después también se presentaron denuncias penales contra miembros de la dictadura militar Argentina en España, Alemania, Suiza y Suecia. En España los juicios empezaron en 1996 y después de más de 8 años determinaron el 19.04.05 la sentencia a prisión perpétua del ex capitán de fragata Adolfo Francisco Scilingo, quien había descrito en argentino los vuelos de la muerte..

 

En Alemania el 11 de julio del 2001, el Tribunal de Nuremberg emitió órdenes de captura internacional contra el general Carlos Guillermo Suárez Mason por su responsabilidad en el asesinato de la socióloga alemana elisabeth Kaeseman en mayo de 1977 en Buenos Aires. Más tarde, el 21 de diciembre de 2001 el mismo Tribunal de Nuremberg emitió órdenes de captura contra el Almirante Emilio Eduardo Massera, el Coronel Pedro Alberto Durán Saenz, y el General Juan Bautista Sasiain, por sus responsabilidades en el asesinato de Elisabeth Kaesemann. Los pedidos de extradición a Alemania de estos acusados fueron rechazados por el poder judicial de argentina. El 28 de noviembre del 2003, a pedido de la Fiscalía de Nuremberg, el Tribunal de esa ciudad emitió órdenes de captura contra el ex Presidente de la Junta Militar Jorge Rafael Videla, el ex Almirante Emilio Eduardo Massera, también integrante de la Junta de Gobierno de la dictadura militar, y el ex General Carlos Guillermo Suárez Mason, por su responsabilidad en los homicidios de los ciudadanos alemanes Elisabeth Käsemann y Claus Zieschank, en Argentina.

Los juicios en Europa cumplieron un importante rol de presión al poder judicial y al gobierno argentino, que finalmente, tras casi 30 años después del Golpe de Estado, anularon las leyes de impunidad, para juzgar en el propio país a los acusados por los delitos de derechos humanos durante la época de la dictadura militar, y así evitar tener que extraditarlos al exterior, como o venían reclamando tribunales de España, Italia, Francia y Alemania.

 

7 páginas de horror y eterna angustia son muy poco para honrar y recordar a aquellas personas que desaparecieron…

Lo único que podemos hacer es no temer, por que el miedo envalentona a los impíos…y siempre recordarlos, sus muertes no fueron en vano, ellos viven en NOSOTROS para desarrollar una ARGENTINA PARA TODOS…

 

Esther Ballestrino, María Ponce y Azucena Villaflor. Las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas y asesinadas juntas.

 

JUSTA, LIBRE, y SOBERANA

Saludos atentos

Daniel Musso

Dios nos salve, gente con la misma moral genocida esta entre nosotros libre…